Reforma judicial pone en riesgo 127 mil plazas

La elección popular de personas juezas, magistradas y ministras contemplada en la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador podría tener un costo estimado en más de 22 mil millones de pesos.

La propuesta de reforma judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un profundo debate y preocupación en México, especialmente entre los más de 127,000 empleados del sistema judicial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la iniciativa podría resultar en una inestabilidad laboral grave para estos trabajadores, tanto en los poderes judiciales estatales como en el Poder Judicial de la Federación.

Actualmente, hay 6,711 jueces y magistrados en el país, cuya situación laboral podría verse comprometida si la reforma se aprueba. Esto incluye posibles despidos y la falta de contemplación de costos asociados, como indemnizaciones y derechos adquiridos. Expertos como Ricardo Mendoza, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, señalan que la falta de certeza sobre la liquidación adecuada en caso de despido plantea serias preocupaciones.

Además, existe una preocupación adicional por el personal sindicalizado, cuya estabilidad laboral también podría verse afectada injustamente. Según la Corte, el proceso de evaluación bajo la reforma podría basarse en criterios políticos en lugar de la calidad del trabajo, lo que aumenta la incertidumbre entre los trabajadores.

Esta situación ha llevado a manifestaciones de preocupación por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes recientemente enviaron una carta a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta de México, solicitando ser considerados ante los posibles cambios legislativos. En la misiva, dirigida por Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato del PJF, se destaca la inquietud laboral y económica entre los más de 32,000 trabajadores sindicalizados.

Desde la perspectiva de las finanzas públicas, la posible implementación de la reforma también conlleva implicaciones presupuestarias significativas. La necesidad de posibles indemnizaciones y litigios laborales podría tener un impacto considerable en el erario público, sumándose a los costos ya existentes del sistema judicial y electoral del país.

Fuentes: Animal Político, El Comentario, N+