Nueva Corte va por recortes a salarios y pensiones de exministros

Hugo Aguilar, nuevo ministro de la SCJN, presentó una propuesta para reducir privilegios y sueldos dentro del Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició una nueva etapa con la llegada de Hugo Aguilar Ortiz como ministro presidente, quien anunció un plan de austeridad que busca reducir 800 millones de pesos anuales del presupuesto del Poder Judicial.

Durante una sesión solemne, Aguilar afirmó que el nuevo enfoque institucional eliminará excesos administrativos, gastos superfluos y privilegios como pensiones vitalicias para ministros en retiro, incluyendo a figuras como Norma Piña y Javier Laynez. Señaló que el gasto actual es insostenible y contrario al principio constitucional que establece que ningún servidor público debe ganar más que la presidenta de la República.

“Impulsaremos la eliminación de los excesos administrativos y gastos superfluos”, afirmó el ministro presidente. Como parte de este cambio, también anunció que los nuevos ministros dejarán de usar seguros médicos privados y serán atendidos en el ISSSTE, como cualquier trabajador del Estado.

La propuesta incluye revisar cientos de amparos que personal del Poder Judicial promovió para mantener beneficios fuera del marco constitucional. Aguilar dejó claro que la austeridad no significa precariedad, sino eficiencia, ética pública y justicia al servicio de la ciudadanía.

Durante su mensaje, también habló directamente a los inversionistas y al sector empresarial, asegurando que la nueva Corte garantizará certeza jurídica plena. “Tengan la seguridad de que la Corte les garantizará certeza jurídica plena. Los invito a sumar esfuerzos para construir un México con reglas claras y desarrollo sostenible”, dijo.

Aguilar definió este momento como la refundación del Poder Judicial, impulsada por el hartazgo social ante un sistema desigual, opaco y al servicio de los sectores privilegiados. Aseguró que su administración será abierta al diálogo con la academia, la sociedad civil, organismos internacionales y medios de comunicación, y que mantendrá un compromiso firme con el Estado de Derecho, el debido proceso y la transparencia judicial.

Fuentes: Expansión Política, El Financiero, Excelsior