México acepta sentencia de Corte IDH por feminicidio de Lilia Alejandra

El Estado reconoce su responsabilidad y prepara acciones para cumplir con la reparación ordenada por la Corte.

El Gobierno de México reconoció y aceptó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. La joven, de 17 años, fue víctima de desaparición, tortura sexual y asesinato en un contexto de violencia estructural contra las mujeres en la región.

Mediante un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Mujeres reafirmaron el compromiso del Estado con el respeto a los derechos humanos y señalaron que se definirá un plan de acción para cumplir con las medidas de reparación integral ordenadas por el tribunal internacional.

“El Gobierno de México reitera su respeto a las decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en particular de la Corte Interamericana, y su compromiso permanente con el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, señaló el comunicado.

La Corte IDH concluyó que México falló en prevenir, investigar y sancionar la desaparición, violencia sexual y feminicidio de Lilia Alejandra, madre de dos hijos y trabajadora de una maquiladora. El cuerpo de la joven fue hallado el 21 de febrero de 2001 en un lote baldío, con signos de estrangulamiento y agresión sexual.

El tribunal internacional determinó que la actuación negligente y omisa de las autoridades mexicanas, desde la recepción tardía de la denuncia hasta la falta de acciones diligentes de búsqueda, constituye una forma de tolerancia institucional hacia la violencia de género, atribuyendo responsabilidad directa al Estado.

La sentencia también reconoció el papel de Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, quien tras el feminicidio se convirtió en defensora de derechos humanos y enfrentó amenazas y ataques por su lucha por la justicia.

La Corte IDH acreditó que estos atentados fueron represalias por su activismo, e insistió en que el Estado debe proteger a quienes defienden los derechos humanos, especialmente a las madres de víctimas de feminicidio que enfrentan la omisión estatal.

El fallo subrayó la violación de múltiples derechos:

• Derecho a la vida, integridad, libertad personal y protección de la familia

• Derecho de los hijos de Lilia Alejandra a una niñez protegida

• Derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares

• Derecho a defender los derechos humanos

Además, la Corte reconoció el impacto emocional y social del feminicidio en tres generaciones de la familia, destacando el abandono institucional frente al sufrimiento de los hijos, la madre y otros familiares de la víctima.

El Gobierno de México informó que realizará un análisis detallado de la sentencia para establecer acciones institucionales que cumplan con la reparación ordenada, incluyendo políticas públicas, mecanismos de coordinación interinstitucional, capacitación de servidores públicos y prevención de la impunidad.

También se reconoció que, aunque existen avances normativos e institucionales en materia de igualdad de género y combate a la violencia, estos han sido insuficientes para erradicar prácticas estructurales de discriminación y violencia contra las mujeres.

“El Estado mexicano reafirma su compromiso con la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres”, finalizó el comunicado.

Fuentes: Animal Político, El Universal, Vanguardia, Aristegui Noticias, El País