México acepta fallo de la Corte IDH por el caso Ernestina Ascencio

El gobierno reconoce su responsabilidad internacional en la muerte de la mujer indígena y se compromete a cumplir las medidas ordenadas por el tribunal.

El Gobierno de México aceptó el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que responsabiliza al Estado por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años, agredida por elementos del Ejército en 2007, en el municipio de Zongolica, Veracruz.

La Corte concluyó que el Estado mexicano fue omiso en su deber de garantizar el acceso a atención médica oportuna y de llevar a cabo una investigación con la debida diligencia. Estas fallas, señaló el tribunal, violentaron los derechos a la vida, la salud, la integridad personal y la no discriminación, así como los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la protección judicial de la víctima y su familia.

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) informaron en un comunicado conjunto que el Estado acepta su responsabilidad internacional y se compromete a acatar las medidas ordenadas, bajo una perspectiva de género y enfoque interseccional. Agregaron que analizarán con detenimiento el contenido de la sentencia para cumplir con sus obligaciones.

Ernestina Ascencio fue atacada el 25 de febrero de 2007, en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el expresidente Felipe Calderón. Aunque el caso fue inicialmente documentado como una violación a derechos humanos, las autoridades federales y la entonces Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) negaron los hechos, atribuyendo su muerte a una supuesta “gastritis crónica”.

Ante la falta de justicia en México, organizaciones defensoras de derechos humanos llevaron el caso ante el sistema interamericano. A casi 18 años de los hechos, la Corte IDH emitió una sentencia histórica que exige reparación integral, garantías de no repetición y acciones concretas para la protección de los pueblos indígenas.

Durante la notificación oficial realizada en San José, Costa Rica, sede de la Corte, el Estado reconoció que también se violentaron los derechos de las hijas de Ernestina, Marta Inés Ascencio y Carmen Ascencio, por la falta de acceso a la verdad y justicia.

“El compromiso del Estado mexicano es con las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación del daño. Actuaremos con responsabilidad, perspectiva de género y enfoque interseccional”, indicaron las dependencias en el comunicado.

Finalmente, el gobierno reafirmó su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Fuentes: La Jornada, Aristegui Noticias, N+