Exigen a la Corte debate público sobre prisión preventiva

El colectivo Pena Sin Culpa pide a la SCJN que no falle en silencio sobre la prisión preventiva oficiosa y exige una audiencia pública con participación ciudadana.

El colectivo Pena Sin Culpa hizo un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que retome la discusión pendiente sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, pero bajo una nueva modalidad que incluya una audiencia pública antes de cualquier deliberación. En una solicitud dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, acompañada por el abogado Simón Hernández León y Daniel García Rodríguez, quien es parte clave del caso “García Rodríguez y otro vs. México”, se instó también a que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González se declaren impedidas para participar, debido a posibles conflictos de interés y falta de imparcialidad.

Con 17 años de litigios de por medio, Daniel García Rodríguez relató que fue privado de libertad bajo prisión preventiva oficiosa por más de 17 años en un caso vinculado al homicidio de una regidora en Atizapán. Su liberación y posterior demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligaron al Estado mexicano a inaplicar dichas medidas penales. Ahora, exigen que el proceso constitucional adapte esas obligaciones internacionales.

El colectivo sostiene que desde 2008, la figura de prisión preventiva sin control jurisdiccional se ha convertido en un mecanismo propenso a abusos. Los agentes del Ministerio Público, afirman, han operado como jueces informales y aprovechado la falta de supervisión efectiva para presionar, a veces incluso mediante extorsión, a personas detenidas o sus defensores para obtener su libertad.

Respecto a la ministra Esquivel, se cuestiona un comentario que hizo en 2022 durante una feria del libro: supuestamente dijo que los acusados “estuvieron 16 años en prisión”, lo cual, según la acusación, prejuzgó su responsabilidad. En cuanto a Ríos González, sus críticos señalan que en 2022, cuando era Consejera Jurídica de la Presidencia, promovió que la Corte mantuviera la prisión preventiva oficiosa, lo que podría afectar su imparcialidad al conocerse el caso.

Finalmente, el colectivo pide que la SCJN convoque y lleve a cabo audiencias públicas abiertas con participación de familiares, víctimas, académicos, especialistas, universidades, organismos de derechos humanos y sociedad civil, para dotar de transparencia al debate y garantizar que la decisión que adopten esté apegada a los derechos humanos y no a intereses políticos.

Fuentes: La Jornada, Milenio, Proceso