Sheinbaum denuncia restricciones ilegales en playas de Tulum

Claudia Sheinbaum respondió a las recientes medidas impuestas en Tulum, y calificó como ilegal que dueños de hoteles y restaurantes limiten el paso a las playas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como ilegal la decisión del alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, de imponer condiciones para acceder a las playas del municipio. Señaló que dichas restricciones vulneran el derecho de las personas al disfrute de los espacios públicos costeros sin importar su nivel económico.

Bajo el programa que llama “acceso libre a playas”, Castañón condicionó el ingreso: los visitantes no pueden llevar alimentos, bebidas, hieleras o sombrillas; además, deben consumir en los restaurantes u hoteles locales para poder permanecer. Según él, esas reglas aplican solo en zonas concesionadas, aunque la polémica ha crecido por considerar que es una privatización encubierta.

Sheinbaum manifestó en conferencia matutina que pidió a la Secretaría de Turismo, bajo la titularidad de Josefina Rodríguez Zamora, investigar el caso y presentar un informe durante la próxima semana. Además, destacó que recientemente se aprobó legislación nacional que prohíbe cualquier cobro o restricción que limite el libre acceso a playas en México.

También mencionó la zona conocida como Parque del Jaguar, donde las restricciones habrían reducido los espacios públicos de acceso a la costa.

El anuncio generó rechazo entre ciudadanos, turistas y activistas. Algunos denunciaron que se está privatizando el litoral bajo una apariencia de “ordenamiento turístico”. Además, Tulum atraviesa una baja en la llegada de visitantes, atribuible no solo a las restricciones, sino también a los altos costos de hospedaje, alimentación y transporte.

En un caso relacionado, el alcalde acusó al Grupo Mundo Maya (antes GAFSACOMM) de incumplir un acuerdo para garantizar el acceso gratuito a las playas del Parque Nacional El Jaguar para los residentes, lo que intensifica la tensión entre intereses privados y derechos públicos.

La legislación mexicana reconoce que las playas son bienes nacionales de uso común y, por tanto, su uso debe ser libre y gratuito para todos los ciudadanos. Cualquier restricción debe tener fundamento legal claro y respetar los derechos consagrados. El caso de Tulum se perfila como un ejemplo emblemático de los retos que enfrenta México para garantizar este derecho frente a presiones del turismo, empresas privadas y autoridades locales.

Fuentes: El Financiero, El Universal, Diario de México, El Independiente, El Heraldo